Insumos que garantizan el derecho a la prueba en el proceso judicial

Actualmente uno de los mandatos estructurales para la tutela efectiva de los derechos es el derecho fundamental a la prueba, no solo por el novedoso fenómeno de constitucionalización del proceso sino por la vivencia de los casos concretos, los cuales le han impulsado serias reformas. Con anterioridad al Código General del Proceso, la realidad exponía un ciudadano que acudía a la administración de justicia y veía definida la vigencia y eficacia de su pretensión o excepción a través de tres hipótesis de la actividad probatoria: i) en la habilidad o dirigida intensión de su contraparte en aportar o no la prueba del hecho, que es otra manera de entender la noción clásica de carga de la prueba; ii) en la búsqueda de la verdad por parte del juez, a través de sus poderes oficiosos; y iii) en la sorpresa de una inversión de la carga de la prueba por el juez, de la cual la persona a quien se le asignaba la carga de probar, se enteraba en la sentencia de segunda instancia, o en sede de casación o en la eventual revisión