La reparación individual por la vía administrativa: un desagravio a los afectados o el resarcimiento a las víctimas por parte del estado colombiano, en el municipio de San José de Cúcuta

La reparación a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia es aún una tarea pendiente. Más allá de las sumas de dinero que se han venido distribuyendo en virtud del Decreto 1290 de 2008, planes y programas para la reparación a través de medidas en educación, rehabilitación física y sicológica, restitución de bienes y reparación colectiva deben diseñarse y ponerse en marcha. Todos acompañados por expresiones públicas y genuinas de reconocimiento oficial de que las violaciones cuya reparación se pretende son graves violaciones a los derechos humanos, injustas e injustificables; que comprometen la responsabilidad del Estado y que han significado consecuencias desastrosas no sólo para la vida de las víctimas individuales y de comunidades enteras, sino para la vigencia y calidad de la democracia y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Las reparaciones son una expresión material del reconocimiento debido a aquellos sujetos cuyos derechos fundamentales han sido violados. La reparación parte del reconocimiento de lo que pasó, de las consecuencias que esto ocasionó en la vida de las víctimas y de la responsabilidad – jurídica, moral y política – que le cabe al Estado en las violaciones a los derechos humanos. La reparación expresa la decisión del Estado de acoger en la comunidad política a aquellas personas que antes fueron excluidas, perseguidas y victimizadas, y el compromiso de que lo que pasó no vuelva a ocurrir. El desarrollo del trabajo que se presenta a continuación, está contenido en los capítulos 4, 5, 6 y 7. El primero de ellos hace referencia a un análisis crítico al programa de reparación por la vía administrativa – Decreto 1290 de 2008. En el segundo se analiza la indebida utilización de la tutela con el fin de obtener cuantiosas indemnizaciones de reparación por los daños ocasionados por la violencia. El tercer capítulo relaciona los pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana con relación a la reparación por la vía administrativa. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigació