Consecuencias Jurídicas del Liberalismo Económico en el Régimen Económico de la Constitución Política del Perú de 1993

En América Latina, hace casi tres décadas que se viene aplicando el Modelo Económico Liberal, diseñado por los organismos multilaterales representantes de los intereses de los países más ricos del orbe, política que ha puesto fin a toda práctica proteccionista de las economías nacionales, al aperturar sus mercados al punto de hacer colapsar las industrias de la región ,lo que ha traído graves consecuencias para el empleo en la región, así como para las posibilidades de un desarrollo autónomo y sostenido. En el caso de la República del Perú, de manera impositiva se redactó y aprobó la Constitución de 1993 imponiendo un modelo liberal. A continuación, nos referiremos al Régimen Económico de la Constitución Política del Perú de 1993; Título III: “Régimen Económico”; Capítulo I: “Principios Generales”, comprendiendo el art.58°, art. 59°, art. 60°, art.61°, art.62°, art.63°, art.64°y el art.65°, que sirven de sustento a la presente tesis; conocidos como los Principios Generales de la Constitución Económica de la República del Perú. Al plasmarse en la Constitución Política de Perú 1993 el Liberalismo Económico, el cual reduce al mínimo el rol del Estado, la consagración del principio de la libre iniciativa privada, el rol promotor y orientador del Estado en el desarrollo del país y la competitividad; más no la participación en las áreas de promoción del empleo, en la salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. El reconocimiento del pluralismo económico, sustentado en diversas formas de propiedad y de empresa, la precisión de la función del Estado en la economía, minimizado a realizar subsidiariamente actividad empresarial siempre que sea autorizado por ley expresa, y se encuentre justificado por el alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional; facilitar la libre competencia; combatir toda práctica que la limite, y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas; la no intervención del Estado en la libertad de contratación de los particulares; mediante contratos - ley ,el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridad a los particulares. La igualdad de trato entre inversión extranjera y nacional; la facultad del Estado y demás personas de derecho público para someter a arbitraje nacional o internacional III las controversias derivadas de sus contratos; la libre tenencia y disposición de moneda extranjera, así como defender el interés de los consumidores y usuarios. La misión del Estado es defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra la seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la Nación, la cual hoy se encuentra resquebrajada por la vigencia del sistema económico Liberal. De la lectura de los principios generales del Régimen Económico de la Constitución de 1993, se evidencia que el rol del Estado en la economía ha sido reducido a un simple promotor del desarrollo (art.58°), es decir, no existen normas heterodoxas, sino ortodoxas derivadas de un modelo bien definido (“Liberalismo Económico”); determinando una secuela de consecuencias jurídicas atentatorias contra la soberanía nacional .Queda en manos de los investigadores especializados (filósofos, economistas, sociólogos, juristas, politólogos,…) a asumir el reto y la responsabilidad de crear nuevas formas de organización económica y jurídica para independizarnos del dominio del Modelo Económico Liberal. PALABRAS CLAVES: Modelo Económico Liberal-Régimen Económico de la Constitución Política del Perú de 1993-Consecuencias Jurídicas atentatorias contra la Soberanía Nacional