El sistema general de participaciones como antítesis de la autonomía territorial

El sistema de transferencias es un interesante ejemplo de cómo convergen consideraciones de tipo económico, político y jurídico en los modelos de organización estatal y, por su puesto, en la estructuración del modelo de finanzas públicas. En Colombia, el mandato constitucional de descentralización administrativa implementado a partir de la Constitución Política de 1991 comprendió una mayor autonomía de las entidades territoriales junto con mayor asignación de recursos, con objeto de proveerles los medios para cumplir con las importantes funciones asignadas, especialmente los vinculados a los sistemas de educación y salud. Este nuevo modelo generó mayores recursos para los entes territoriales y por tanto un aumento del gasto público del nivel central. Sin embargo, el mayor nivel de recursos asignados a dichos entes territoriales no se reflejó necesariamente de forma inmediata en mayores niveles de cobertura y/o calidad de los servicios prioritarios definidos por la Carta. Además de esta falencia, se han presentado otros inconvenientes de estructuración del sistema los cuales fueron determinantes para que el modelo propuesto inicialmente se haya reformado en más de una ocasión, resultando en mejoras en algunos puntos, pero sin que esto significase la solución de gran parte de las problemáticas, estando el Sistema General de Participaciones aún afectado por factores como la pereza fiscal, la destinación inadecuada de los recursos e, incluso, la no ejecución de parte de ellos a nivel territorial. Por si esto fuera poco, el Sistema General de Participaciones no ha contribuido de forma decisiva al fortalecimiento de los postulados Constitucionales de descentralización y autonomía territorial. De hecho, en gran parte las transferencias devenidas del Sistema han contribuido a la generación de una dependencia económica bastante considerable de las entidades territoriales para con el nivel central