El derecho a ser elegido frente a la facultad de la Procuraduría de Colombia para restringirlo: una revisión desde el caso López Mendoza contra Venezuela de la Corte Interamericana

De la facultad que posee el Procurador General de la Nación de Colombia para inhabilitar a los funcionarios públicos y con ello restringir su derecho a ser elegidos, se derivan una serie de implicaciones jurídicas, las cuales se obtienen en virtud de los conceptos de bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad. Para determinar dichas implicaciones, se requiere realizar un estudio y análisis de los pronunciamientos proferidos por parte de la Corte Constitucional, que sobre la materia se han dado, en contraste con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y en especial, lo dicho por este tribunal en el caso Leopoldo López contra Venezuela. Así las cosas, la responsabilidad internacional en la que puede verse inmerso el Estado colombiano, es una de las consecuencias jurídicas que se derivan de dicha facultad, lo cual denota la importancia que reviste la pronta adecuación legal y sustracción de la facultad otorgada al Procurador General de la Nación, mediante el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, con el fin de que no hayan restricciones ilegales a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y de que exista un ambiente que propicie la protección adecuada del derecho político a ser elegido