La pensión de jubilación: algunas reflexiones tras sus últimas reformas

Cierto es que la pensión de jubilación (entendida como el derecho a una prestación económica vitalicia vinculado al riesgo común de la vejez, que sustituye las rentas de trabajo) es uno de los pilares básicos de cualquier sistema de protección social, no sólo porque desde un punto de vista estrictamente cuantitativo el importe del gasto en pensiones destinado a la jubilación representa un porcentaje muy elevado del gasto total y el número de beneficiarios de esta prestación es cada vez mayor, sino porque también constituye el núcleo esencial de cualquier reforma operada en los diferentes Sistemas de Seguridad Social en aras a garantizar su viabilidad futura. No menos cierto resulta, sin embargo, que pese a las importantes mejoras técnicas introducidas por el legislador español en el régimen jurídico de la pensión de jubilación a lo largo de las últimas décadas, todavía siguen existiendo algunas lagunas y contradicciones internas en el diseño actual de la protección a la vejez. Así, es necesario mostrar una mayor sensibilidad con los trabajadores de edad avanzada, cuyos problemas laborales en el último tramo de su vida profesional pueden afectar notablemente a la cuantía y al acceso a la pensión. Es más, procede integrar dentro de los mecanismos de protección social no sólo aquellos tendentes a alargar la edad de jubilación más allá de los sesenta y cinco años sino también aquéllos otros que permiten evitarla (lucha contra la exclusión, política activa de empleo). El reparto del trabajo se convierte, de este modo, en el objetivo esencial para evitar una profunda fractura social como la que se produciría en una sociedad fuertemente dualizada (empleados, de un lado, parados y trabajadores en extremo precarios, de otro), e incluso para evitar una profunda fractura generacional (generación anterior empleada -aun por encima de la edad ordinaria de jubilación-, nueva generación parada)