El principio de transparencia en la actividad contractual de la administración pública. Especial referencia a la administración local

Las Administraciones Públicas prestan sus servicios a partir de diferentes modalidades de actuación. Siendo la contratación pública una de las formas de actuar que precisa de colaboración externa, pues supone el establecimiento de una relación jurídica entre dos partes: de un lado la Administración, que contrata la realización de una obra, la prestación de un servicio o la entrega de un suministro y, del otro, el operador económico que se encarga de cumplir el objeto del contrato, normalmente a cambio de un precio. Dicha relación bilateral se desarrolla, hoy por hoy, en un entorno complejo en que priman las relaciones de horizontalidad y de equilibrio entre los poderes públicos y los particulares. Es lo que conocemos como paradigma de la gobernanza y que nace de un proceso evolutivo, en un intento de complementar los diversos modelos que han ido surgiendo durante el pasado siglo (modelos burocrático y de Nueva Gestión Pública, principalmente). A su vez, el propio desarrollo del paradigma de la gobernanza está llevando a una nueva forma de ejercicio del poder público: el gobierno abierto. En este la transparencia y la rendición de cuentas, la participación y la colaboración se manifiestan como elementos fundamentales; de igual manera, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) — especialmente Internet — interpretan un papel destacado en el desarrollo de la acción pública, coadyuvando a difuminar muchos de los límites existentes entre lo público y lo privado. La publicidad y la transparencia resultan necesarias para establecer relaciones de confianza entre las partes. Y, de hecho, de dicha confianza depende también la eficacia de las políticas públicas que se llevan a cabo. Asimismo, no es posible realizar un control social y/o institucional de la actividad pública sin el acceso efectivo a la información generada o gestionada por los poderes públicos; entendiendo que dicho acceso a la información permite mayores cuotas de participación y, por ende, de calidad democrática..