La regulación de la ley orgánica de ordenamiento territorial: solución de la crisis social y económica que afecta a Colombia

En la Constitución de 1991 de Colombia, se consagra la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses y en tal virtud tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer sus competencias, administrar los recursos, establecer tributos para el cumplimento de sus funciones y participar de las rentas nacionales. En su artículo 286 se establece que el congreso podrá expedir la ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que lo faculta para crear provincias o regiones, sin un límite para su promulgación. La ley orgánica de ordenamiento territorial, debe responder al análisis de varias variables integrando lo político, jurídico, sociológico, cultural, étnico, social, una estructura físico espacial del territorio y la participación de la sociedad civil. Debe respetar las entidades territoriales establecidas como son los municipios, departamentos, distritos y territorios indígenas, todo ello para llegar a una descentralización política y administrativa donde se busca entregar herramientas para un mejor desarrollo del estado en autonomía y responsabilidad fiscal. Las provincias como asociación de municipios y las regiones como unión de departamentos que se plantea en la carta política vienen a convertirse en descentralización administrativa del estado para la consecución de servicios públicos y necesidades afines; de acuerdo a su cercanía, afinidad, identidades culturales y sociales, pero la soberanía y la unidad la conserva en su integridad el estado. Los territorios indígenas, se constituyen en segmento especial de Colombia, donde se les debe respetar su estructura físico espacial, idiosincrasia, usos y costumbres, y su identidad, ello obliga a que el estudio de la ley orgánica de ordenamiento territorial no solo sea político-normativa sino socio-cultural