Big data: la puesta en crisis de la protección de datos personales

En la última década, ocho de las principales economías globales entre las cuales se encuentra Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Corea del Sur, la Unión Europea, Francia, Japón y China han avanzado en una política nacional de aprovechamiento de datos, por lo que resulta un avance muy significativo que en Colombia se esté dando un paso al frente con esta temática como lo informa la Revista Dinero (“Política Pública de Big Data”, 2018). Colombia es el primer país de América Latina que desarrolla una política pública de explotación de datos por medio del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), promulgada el 17 de abril del año 2018 gracias al trabajo conjunto del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la SIC. Con esta política se pretende invertir alrededor de 16.728 millones de pesos colombianos para ampliar el aprovechamiento de datos, de forma tal que puedan ser administrados como activos que sirvan para generar un valor social y económico (DNP, 2018). Según el CONPES 3920 en Colombia las acciones que se ejecuten por medio de esta política estarán regidas por una serie de principios como lo son: (i) el respeto de los derechos de los derechos humanos, (ii) la promoción de datos públicos como recursos de la infraestructura pública, y (iii) el respeto por la dignidad humana que orienta los usos socialmente permitidos de los mismos datos, con lo que finalmente se pretende conseguir una colaboración entre el sector público y privado. En el documento mencionado queda claro que para la ejecución eficiente de esta política es necesario la implantación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras de los datos. Por lo anterior, se establece que el Estado por medio de sus entidades públicas es el encargado de colaborar con la creación de tal infraestructura. Para octubre del presente año se espera que gracias al trabajo conjunto de las citadas instituciones se haya avanzado en el proceso de regulación de la infraestructura de datos públicos y las condiciones necesarias para su implementación. Ahora bien, los beneficios esperados del análisis masivo de datos no sólo se refieren a la esfera pública, sino que se extienden al sector privado, el diario The economist afirma la existencia de una “economía de los datos”, las personas intercambian sus datos a cambio del acceso gratuito a servicios digitales, por ejemplo ingresar a las plataformas de las redes sociales o motores de búsqueda; estos datos son recolectados, almacenados y sujetos a procesos analíticos que permiten descubrir usos valiosos (“the world’s most valuable resource”, 2017; “Data is giving rise to a new economy”, 2017)