La potestad jurídica de la inspección de trabajo para el cobro y requerimiento del pago de multas impuestas a patronos en procedimientos administrativos en Cobán, Alta Verapaz

La potestad jurídica de la Inspección de Trabajo para el cobro y requerimiento del pago de multas impuestas a patronos en procedimiento administrativos en Cobán, Alta Verapaz, es el tema que se investigó en el presente trabajo, para establecer la potestad jurídica que posee la Inspección de Trabajo, ya que el procedimiento administrativo como medio para la solución de conflictos laborales individuales o colectivos se encontraba completamente desvirtuado y muchos lo veían como una pérdida de tiempo y sin aplicación positiva en el ámbito jurídico laboral. Al emplear el método analítico, de la guía de entrevista realizada al Juez de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, se deducen aportes significativos a la investigación, lo cual es fundamental para determinar el uso correcto de herramientas jurídicas que se le confieren a la Inspección General de Trabajo, pero que desde el punto de vista del Juez es innecesario ya que la mayoría de casos acuden a la vía judicial y éste visto como el mejor momento jurídico para la solución de conflictos laborales individuales o colectivos. Así mismo se realizaron cuestionarios, al Delegado Departamental de la Inspección General de Trabajo y Abogados en general, lo cual marcó parámetros decisivos relativos a cómo la comunidad jurídica ve al procedimiento administrativo laboral y que valor se le ha dado dentro de nuestra sociedad. Realizado el estudio respectivo de las similitudes y diferencias con respecto a la reforma del Código de Trabajo, en cuanto a las facultades y la potestad que se le reconoce a la Inspección General de Trabajo se establece que existe un cambio significativo sobre el procedimiento administrativo laboral, el cual es tomado en cuenta por muchos de los profesionales del derecho como medio directo para la solución de conflictos, estableciendo un panorama para fortalecer ciertos actos de la administración pública, ya que denotan buenos resultados, claro esta al hacer buen uso de la norma jurídica como único medio para llevar a cabo dicha actividad. A través de los resultados de la guía de entrevista y el cuestionario se deducen muchas de las respuestas, con respecto a la potestad jurídica de la Inspección de Trabajo, lo cual denota que esta institución de la administración pública goza en la actualidad de plena potestad jurídica para imponer sanciones o multas a patronos o trabajadores y hacer el cobro directo del valor de la sanción o multa, lo cual le confiere a la Inspección General de Trabajo cierta discrecionalidad en actos y decisiones que antes eran tomadas por el poder judicial a través de los órganos especializados en la materia. Permite entonces que el procedimiento administrativo laboral tenga muchas más importancia y sea aprovechado como medio para resolver conflictos laborales y así evitar la fase judicial. La investigación comparada de las reformas acaecidas al Código de Trabajo vislumbran posibles cambios y tropiezos jurídicos que puedan darse al no contar con una preparación institucional por parte de la Inspección General de Trabajo y al instituirse los medios y mecanismo para realizar la imposición y el cobro de las sanciones o multas que este imponga, por lo que se concretiza la necesidad de un Código Administrativo, el cual debe contemplar tanto los procedimientos como los medios legales para cobrar dinero que provenga de los particulares en general, ya que habrá que cuidar las normas laborales para que tengan ese sentido jurídico preferente para los sectores vulnerables; por lo que el Estado de Guatemala debe para que una reforma a la norma jurídica tenga aplicación positiva y objetiva de lo que se pretende, contemplar todos los detalles a favor y en contra, así evitar tropiezos jurídicos y que todas las decisiones de poder que tenga la administración pública sean transparentes y legales