Estudio de la evolución legislativa frente a la forma de garantizar obligaciones en materia de bienes inmuebles: desde el derecho romano hasta la legislación actual y su critica a la ley 1676 de 2013 y normas complementarias

Como su título lo indica, en el presente escrito procederemos a estudiar la evolución que ha tenido lugar a lo largo del tiempo de los procedimientos e instituciones que el ordenamiento jurídico ha consagrado para amparar las obligaciones contraídas entre sujetos de derecho, específicamente, aquellas que son respaldadas a través de bienes muebles dados en garantía. Así, desde los inicios de nuestro derecho, los juristas y legisladores han entendido que el acreedor de un negocio siempre se enfrentará al peligro de que su deudor no cumpla con las obligaciones pactadas. Tales riesgos pueden aparecer entre el nacimiento de la obligación y el cobro de esta, ya que en este lapso de tiempo pueden ocurrir diversas circunstancias, como por ejemplo la insolvencia por parte del deudor, dejando al acreedor sin respaldo de su crédito, pues este solamente tiene derecho a cobrarse con los bienes que se encuentren en el patrimonio de su deudor al momento de exigir el cumplimiento; o que al momento de hacer cumplir su derecho por la fuerza, su deudor también se encuentre demandado por otros acreedores, haciendo que su patrimonio se disminuya, existiendo la posibilidad de que tampoco quede lo suficiente para satisfacer su obligación. Es por esto que el ordenamiento jurídico siempre ha propendido por dotar de herramientas al acreedor para que pueda mitigar dichos riesgos, conocidas como garantías, por lo que aquellas instituciones han ocupado un papel fundamental en el desarrollo de los negocios en las sociedades organizadas. Tales herramientas han existido desde la época de los romanos, donde las primeras garantías eran de orden personal, y consistían en incluir a uno o varios terceros para que garantizaran el pago, siendo la fianza la figura más practicada en este 9 sentido. Debido a los problemas que esta figura presentaba, con el paso del tiempo se fue aceptando la idea de que las garantías personales no eran suficientes, por lo que empezaron a usarse los bienes del deudor como respaldo de las obligaciones, dando origen a las garantías reales. De esta forma nacieron las figuras de la prenda y posteriormente la hipoteca, cuyo fin era el mismo: garantizar las obligaciones con los bienes del deudor. Sin embargo, al ir evolucionando ambas figuras, llegaron a un punto donde una de sus diferencias más significativas era que la prenda recaía sobre bienes muebles, y la hipoteca sobre bienes inmuebles. Ambas figuras han sido de vital importancia para el mundo del derecho occidental actual, tanto así, que aún se mantienen vigentes en la mayoría de sus disposiciones y conservan el espíritu que los romanos les dieron desde al momento de su concepción, lo cual se evidencia al ver que aún conservan gran parte de las características de las figuras primitivas. Precisamente, en nuestro escrito empezaremos por estudiar la figura de la prenda, ya que esta ha sido la forma originaria de garantizar las obligaciones en materia de bienes muebles, analizando sus características y funcionamiento desde el derecho romano, hasta la actual prenda de nuestro ordenamiento jurídico colombiano, regulada en el Código Civil y Comercial, a partir de su artículo 2409 y 1200 respectivamente, para después hacer énfasis en la legislación reciente, correspondiente a la Ley 1676 de 2013, conocida como la Ley de Garantías Mobiliarias, a través de la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias. Así las cosas, el propósito de este texto será analizar la evolución legislativa en el sistema colombiano de garantías a través de bienes muebles que ha tenido lugar debido a la promulgación y entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, tomando los elementos que consideramos más relevantes de aquella, como lo son su concepto, características, constitución, oponibilidad, registro y ejecución, y los analizaremos a la luz de la doctrina civil, haciendo las críticas que consideremos pertinentes a estas, y al mismo tiempo haremos su paralelo con la legislación anterior correspondiente al contrato de prenda, para determinar si este cambio obedece a una mejoría para el mundo jurídico, o por el contrario, corresponde a un retroceso