Responsabilidad extracontractual y daño antijurídico imputable al estado en el caso particular atentado terrorista 20 de julio de 2006 en el municipio de Pasto

Puede concluirse que se habla de responsabilidad extracontractual cuando entre la víctima y el autor del daño no exista vinculo anterior alguno, por ende es la responsabilidad que tiene una persona que ha causado daño a otra de reparar dicho perjuicio, para el presente trabajo teniendo en cuenta el problema jurídico se analizan los diferentes regimenes de responsabilidad que la jurisprudencia ha desarrollado y aplica respecto de la responsabilidad del Estado, esta obligación de reparar los daños causados, tiene su génesis en un titulo de imputación que puede ser la falla del servicio, el daño especial, o el riesgo excepcional, se debe tener en cuenta que la finalidad y objetivo fundamental de estos regimenes es la de restablecer la equidad que se ha vulnerado en consecuencia de una acción u omisión de la administración causando un perjuicio al administrado, en ciertos eventos el Estado puede resultar comprometido con ocasión de los daños sufridos por los ciudadanos como consecuencia de atentados terroristas. Con motivo de las acciones terroristas se dota de prerrogativas especiales a los gobiernos, no sólo en cuanto a la prevención y represión de las mismas, hoy en día se plantea un delicado problema de orden constitucional, que ponen limites a los derechos fundamentales, con la Constitución de 1991 se incorpora el concepto de daño antijurídico en el articulo 90 como fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado, el cual ha servido como base de aplicación para lograr la reparación de perjuicios es claro entonces que es el pilar de la responsabilidad estatal, el cual es una expresión del principio de igualdad de los ciudadanos frete a la ley y las cargas publicas manifestadas en los principios constitucionales, cabe anotar que del análisis realizado para determinar si existe responsabilidad extracontractual en los hechos ocurridos el 20 de julio del 2006, que terminaron con la afectación física y moral del administrado mediante un acto terrorista perpetuado a una entidad estatal, se puede observar con fundamento en las pruebas recaudadas y el análisis realizado que es preciso endilgar responsabilidad al Estado bajo la modalidad por “Daño Especial” pues se trata del reclamo de una indemnización reparatoria originada en la causación de un daño antijurídico no porque la administración haya cometido una falta en el desarrollo de sus funciones si no que aun estando en cumplimiento de ellas se presenta un daño, por lo que es necesario garantizar el equilibrio frente a las cargas publicas que soportan los administrados teniendo en cuenta que quien ha sufrido el daño no estaba en el deber jurídico de soportarlo por lo tanto se debe indemnizar a la victima de los hechos acaecidos el 20 de julio 2006. Teniendo en cuenta que mediante los hechos ocurridos se desborda y excede los límites que normalmente están obligados a soportar los administrados