Una propuesta de desarrollo de la economía política constitucional: aplicación a un proceso constituyente internacional

El profesor Herber (1994), en este mismo foro, el año pasado en la conferencia inaugural, presentaba la hacienda pública internacional como una línea de investigación innovadora y precisa. Su justificación resultaba inmediata a partir de la constatación de la existencia de unos graves fallos de mercado que trascienden las fronteras estatales. Sin embargo, la consistencia con que se sostenía el componente teórico normativo de la nueva perspectiva chocaba con la dificultad de desarrollar la intervención política efectiva tendente a la superación de tales insuficiencias. Y es que en el plano supranacional, la imposición y el gasto público quedan muy mediatizados por la actitud recelosa de los Estados nacionales, que sólo delegan parcial y condicionadamente su soberanía en las instituciones diseñadas al efecto. Esta discontinuidad tiene su origen principal, según el propio Herber (1994, p.l), en que "el ámbito geográfico de la actividad económica internacional (supranacional) y el ámbito geográfico de la actividad política soberana (nacional) para afrontar esa actividad no se corresponden entre sí". En consecuencia, la virtualidad de una hacienda pública internacional queda a expensas de la sustanciación política de las medidas intervencionistas derivadas del primer análisis normativo. [...] Y como argumente Petersmann (1993), la libertad de mercado internacional requiere la misma protección constitucional garantizada al libre comercio interno. Luego, incluso asumiendo la hipótesis más radical de que los intercambios internacionales puedan llegar a ser plenamente satisfactorios en sus dimensiones asignativa y redistributiva, también es precisa una institución política soberana que explicite las reglas de juego básicas de ese mercado y medie en los posibles conflictos de intereses que surjan debido a interpretaciones divergentes. Del repaso de ambas vertientes podemos derivar que para hacer más eficiente la actividad económica mundial, en el sentido propuesto por North (1991, p.97) de "crear orden y reducir la incertidumbre en el intercambio", es necesario un componente político en las instituciones que la enmarcan para contribuir a la acción colectiva cooperativa, algo que, según Elster (1985, p.50), "es el problema más importante en las ciencias sociales, y el más difícil [...] debido a su inestabilidad e inaccesibilidad"