El desafío de la seguridad integral para el estado ecuatoriano: análisis de su significado político

Esta disertación pretende realizar una interpretación del significado político del concepto de Seguridad Integral manejado por el estado ecuatoriano para estructurar la política de Seguridad en el período de gobierno de Rafael Correa y su movimiento Alianza País (enero 2007-mayo 2017). Este período ha sido identificado como el de un régimen que desde la teoría weberiana muy bien puede caracterizarse como carismático burocrático, que logró constituir una dominación cerrada no solo sobre el poder ejecutivo sino también sobre los demás aparatos del Estado a partir de sucesivos éxitos electorales de su titular. Esto le permitió tener una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y ejercer una acción controladora sobre la sociedad, a través de la conformación de una burocracia emergente y altamente disciplinada que se fue consolidando en estos años en todas las capas del Estado. La condición de cerramiento virtual de su tipo de dominación también tiene que ver con el entorno internacional en el que se definió y paulatinamente entró el gobierno, en la medida en que en América Latina un conjunto de países se alineó en una alianza ideológica conocida como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) con raíces geopolíticas contestatarias al sistema internacional influenciado por los Estados Unidos. Desde los años noventa del siglo pasado, las teorías pertinentes a la Seguridad reconocen la amplitud de sus contenidos, de sus prácticas y de sus fenómenos referentes en el contexto de la globalización. En el Ecuador, la Seguridad quedó definida como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la Constitución de 2008 (Art. 3, Núm. 8) promovida por Alianza País como el instrumento por excelencia para lograr un cambio decisivo de las estructuras políticas y sociales dentro de lo que se denominó como Revolución Ciudadana. Rafael Correa, un ciudadano sin antecedentes políticos, llegó a la primera magistratura después de un período de casi 10 años de crisis económica y política atribuida por este movimiento a la acción de los gobiernos anteriores llamados despectivamente por la nueva clase política como de la “partidocracia”. Con esta denominación se quería identificar a los sucesivos gobiernos instalados desde el “retorno a la democracia”, después de las dictaduras militares de los años setenta. El fracaso de ese proceso había llevado, ya al nivel de mediados de la primera década del siglo XXI, a una pulverización de las fuerzas políticas y al agotamiento del modelo de partidos que había surgido entonces (Sánchez-Parga, 2007)