Análisis de los cambios normativos del principio de territorialidad en la ley 1819 de 2016 respecto al impuesto de industria y comercio en las actividades de tercerización de servicios

Las empresas prestadoras de servicios, particularmente, algunas de las que realizan actividades de Tercerización de Servicios (en adelante TS) se ven afectadas por el cobro del Impuesto de Industria y Comercio (en adelante ICA)1 que realizan los diferentes municipios en el país. Con la última reforma tributaria (Ley 1819 de 2017), se pretende resolver la cuestión de a qué municipio le corresponde administrar éste tributo con el fin de salvaguardar el principio de territorialidad para el cobro y pago del impuesto. De esta forma, se busca evitar la doble o hasta la múltiple tributación. Por lo tanto, se procura en éste estudio realizar, a través de un método inductivo, el análisis del alcance de la nueva normatividad, particularmente sobre el verbo rector “ejecutar” utilizado para las actividades de servicios. Lo anterior, se evalúa frente la posibilidad que tiene de generar diversas interpretaciones por parte de la administración tributaria en su aplicación y de los empresarios, teniendo como principales afectados a los sectores como la Tercerización de Apoyo a los Negocios (en adelante BPO por sus siglas en inglés), las de Tecnología de Información (en adelante ITO por sus siglas en inglés) y las empresas de Tercerización u Outsourcing. El interés es, identificar algunos efectos económicos por causa de la aplicación de la tributación, que influyen en el crecimiento empresarial de estas actividades en la región y tratar ingerir, si la norma referida solventó o no la doble tributación en las empresas, porque serían susceptibles de incrementar de manera injusta sus costos de cumplimiento al tributar el ICA. Para el análisis del presente estudio es indispensable lograr la comprensión en el lector, por lo que se hace necesario realizar la conceptualización sobre los sectores económicos de servicios que puedan verse afectados. Así mismo con los aspectos que definen y hacen parte de la obligación tributaria del ICA, entender la autonomía que tienen los municipios para administrar este impuesto, indicar de manera general los principios tributarios que pueden ser vulnerados por la administración tributaria en contra de las empresas, teniendo estos principios relación con el principio eje del presente estudio, como es el de territorialidad. Se pretende entonces, analizar el alcance normativo de las nuevas disposiciones que permita deducir su impacto en los sectores que ejercen actividades de servicios, siendo empresas generadoras de riqueza y oferentes del mercado que contribuyen al desarrollo económico de la ciudad y la región