¿Responsabilidad por daño ambiental en Chile: ¿Existe una real protección del medio ambiente? Análisis de las sentencias que ordenaron reparar daño ambiental y su posterior cumplimiento

Tesis (Magíster en derecho ambiental)Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET)En Chile, el régimen de responsabilidad por daño ambiental se encuentra regulado en el Título III, artículos 51 a 63, de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente del año 1994. Asociado a este régimen, es posible evidenciar abundante jurisprudencia sobre el mérito de determinados hechos para ser reconocidos como daño ambiental o cuando procede sentenciar la ejecución de acciones de reparación. Pese a este avance, actualmente se identifica escasa información sobre la persecución del cumplimiento de las sentencias que acogen acciones por daño ambiental, revelando un bajo conocimiento sobre el grado de cumplimiento de las mismas. En este contexto surge el interés por revisar de qué manera el Estado aborda las causas por daño ambiental y si el actual procedimiento e institucionalidad judicial logran proteger eficientemente el medio ambiente, o si por el contrario, requieren, al menos, ser revisados. Para lograrlo, se examinaron las causas iniciadas hasta el año 2017 bajo demandas por reparación de daño ambiental, y que a su vez culminaron en sentencias judiciales firmes ordenándola adopción de medidas de reparación. Sobre estas causas se investigaron los hechos ocurridos posterior a la dictación de la sentencia definitiva, y se generó un cuadro comparativo de sus cronologías. De esta evaluación, el principal resultado fue determinar que el procedimiento judicial previsto para tramitarlas causas por daño ambiental no logra proteger el medio ambiente en forma adecuada pues, por diversas circunstancias, no permite abordar los casos con la indispensable celeridad que requieren, transcurriendo varios años entre la detección del daño ambiental y la reparación efectiva del mismo. Entre los cursos de acción propuestos para enfrentar esta situación, destaca el propiciar transacciones entre las partes que favorezcan el diseño colaborativo de medidas reparatorias; adelantar la ejecución de medidas reparatorias; y fortalecer la fiscalización del cumplimiento de las sentencias