El derecho constitucional de la reparación por daños morales

Las relaciones entre personas llegan a generar situaciones en las que una o un determinado grupo, mediante actos propios, entran, de una manera incorrecta, en la esfera de los derechos de otra u otras personas, ocasionando determinado daño. En El Salvador, desde el año de 1983 se cuenta con una Constitución garantista de derechos fundamentales, tal y como se plasma en los 274 artículos que contiene, entre los cuales encontramos regulado el derecho a la Indemnización por daño moral. El tema del daño moral es muy complejo, ya que un daño, para ser indemnizable, debe ser siempre real y cierto, en tal sentido, es una tarea que requiere mucho esfuerzo, ya que al tratarse de un daño impalpable, su determinación resulta difícil, y más aún, su cuantificación. En consecuencia el objetivo de la presente investigación es Analizar la situación de la figura del daño moral en cuanto a su aplicación y efectividad dentro del ordenamiento jurídico Salvadoreño, mediante el estudio de criterios que dan origen a la indemnización por daños morales, según la doctrina, la legislación y el derecho comparado. Metodología: utilizando el método científico, se investiga base teórica y jurídica, apoyado del método hipotético deductivo, siendo este el procedimiento que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. Además la investigación estará acompañada de entrevistas no estructuradas con el fin de conocer la opinión de Magistrados, Jueces y Abogados: A través de los medios e instrumentos acotados se permite aclarar un poco sobre cualquier duda en cuanto a la investigación, por causa de la naturaleza del tema, los que tienen conocimiento del mismo son expertos en la materia y nos pueden dar una opinión profesional analítica y racionalizada. Conclusión: la complejidad del daño moral radica al momento de ser indemnizable, ya que se ve en la necesidad de hacer valer el derecho a la reparación por daño moral; que no existe un juzgado ni institución especializada para reclamar tal derecho y se carga a los Juzgados Civiles y Mercantiles, además de eso, que no se cuenta con la determinación especifica de cuantificación del daño y se deja a decisión de los jueces; también que no se establece parámetros para determinar una real y verdadera existencia de infracción a la moral y cuando se es posible reparar el mism