Criminalización de la resistencia y protesta social mediante los delitos de terrorismo y sabotaje

El derecho a la resistencia y protesta social es tan antiguo como la existencia misma del Estado. Sin embargo, su naturaleza jurídica, desde lo doctrinal y normativo, ha oscilado entre derecho, principio o garantía. La consolidación del poder, exige un ordenamiento jurídico conforme. No obstante, la posibilidad de discrepancia es rasgo básico de la democracia, de lo cual se tiene una tensión de derechos. Por una parte, se han creado mecanismos legales y constitucionales para protestar y resistir. En tanto que, por otro lado, la resistencia no siempre se realiza a través de estos canales y aquello implica un ejercicio de hecho (muchas veces violento) que da pie a la represión estatal a través del derecho penal, provocándose la judicialización de estos conflictos inicialmente sociales, provocándose luego una extensión de la discusión política que finalmente se resuelve por los jueces quienes deben optar ya sea por: aplicar sin reparo los tipos penales, o, cuestionar la constitucionalidad de tales tipos. Para la motivación de las decisiones judiciales, se ha de considerar, ya sea que se utilice la subsunción o los métodos de interpretación constitucional, es indispensable aplicar desde la teoría del delito, las categorías dogmáticas de: acto, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y pena, para finalmente dar respuestas a los casos