El derecho a la defensa en el procedimiento administrativo de acceso al refugio en el Ecuador

El refugio fue reconocido en la Constitución de la República del 2008 como un derecho atribuible a las personas que por fundados temores de persecución y al estar en riesgo sus vidas e integridad, han abandonado su país de origen y expresaron al Ecuador su necesidad protección mediante una solicitud de refugio formulada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, órgano del Estado encargado de atender y resolver estas peticiones a través de un procedimiento administrativo para la determinación de la condición de refugio, basado en el debido proceso. El presente trabajo investiga este procedimiento administrativo y la aplicación de las garantías del derecho a la defensa –parte del debido proceso- en su desenvolvimiento, identifica las limitaciones de la defensa en el procedimiento administrativo así como aquellas que afectan directamente a la persona solicitante; y, analiza las implicaciones negativas que esta situación desata en la determinación de la condición de refugio de una persona. Este trabajo propone la incorporación de una visión garantista en el procedimiento que se constituye en la vía directa de la relación persona-Administración, principalmente porque se sostiene que dicho procedimiento se estableció con el fin de determinar la condición jurídica de refugiado a una persona y, en consecuencia, el reconocimiento del derecho de refugio en su beneficio y protección. La investigación amplió su base y sustento teórico, con información obtenida de casos específicos de refugio, respetando la debida reserva en cuanto a la identidad de las personas; así también, se recurrió a entrevistas a autoridades y organizaciones que día a día atienden a personas refugiadas y están involucradas en el procedimiento; información estadística relativa al número de personas refugiadas y solicitantes; y, material documental que formulan procedimientos de acceso al refugio justos y eficientes. Los resultados respaldan la necesidad de revisar la estructura actual del procedimiento y otorgar un trato garantista-participativo a la persona durante la realización del mismo, que se fundamente en la condición humana de quien solicita refugio y la inmediata respuesta a la determinación de su condición jurídica