La ejecución provisional de resoluciones judiciales en el proceso civil español

La Ley de Enjuiciamiento Civil española, de 7 de enero de 2000 (LEC), admitió de forma general la ejecución provisional de resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos de condena a favor de una de las partes, y sin necesidad de prestar caución para instar su despacho, excluyendo de forma excepcional y expresamente del ámbito objetivo de esta institución determinadas resoluciones. Esta opción de política legislativa significó un impulso de la ejecución provisional y una decidida confianza por la administración de justicia de primera instancia sin precedentes en el ordenamiento procesal civil español, y ha sido considerada como una de las principales novedades introducidas por la LEC. Para ello, el legislador partió de la base de que la ejecución de las resoluciones judiciales no depende de su firmeza, y no se opone a la Constitución la regulación legal de un régimen de ejecución provisional. Así, se implementa un sistema de ejecución provisional –entendida como una modalidad de la ejecución ordinaria o definitiva que confiere efectividad a las resoluciones judiciales no firmes que contienen pronunciamientos de condena y que han sido impugnadas, cuyos efectos se encuentran supeditados al resultado del recurso interpuesto frente a ella– que se caracteriza por realizar una regulación completa y unitaria de la institución, esto es, fijando una misma normativa aplicable tanto a la ejecución provisional de resoluciones de primera como de resoluciones de segunda instancia, que se encarga de establecer no sólo los requisitos y presupuestos para que opere este instituto, sino regulando un específico régimen de oposición como único mecanismo de defensa del ejecutado provisional frente a la ejecución previamente despachada y regulando los efectos de la confirmación y, especialmente, de la revocación del pronunciamiento provisionalmente ejecutado..