Intervencion democrática y totalitaria del estado en el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la seguridad y salud en el trabajo en España

La democracia política tiene su razón de ser en la superación de la desigualdad, objetivo inseparable de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías asalariadas. En esta tesis se describe y analiza pormenorizadamente el nacimiento y desarrollo del Derecho del Trabajo en España, cuyas primeras expresiones de entidad abordan precisamente la protección de los trabajadores frente a las lesiones laborales, y el posterior reconocimiento de la necesidad de la intervención del Estado en la relación de trabajo. Habrán de ser superadas las tradicionales concepciones abstencionistas que hacían descansar en la caridad, la filantropía o la beneficencia los remedios a las situaciones de necesidad de los trabajadores. El reconocimiento del derecho a la seguridad y la obligación del Estado de protegerlo permitirán la existencia de condiciones efectivas para el ejercicio democrático de las libertades individuales y colectivas. Los avances en la regulación y el control público de los derechos laborales se producen sl compás del desarrollo de las luchas obreras por la obtención de los indispensables derechos de asociación, reunión, huelga o negociación colectiva, que posibilitarán el desarrollo de la legislación laboral, en particular la de seguridad y salud en el trabajo (SST) y de los instrumentos para controlar su cumplimiento. El análisis de la normativa de SST revela que su desarrollo no es progresivo ni lineal, constituyéndose por el contrario en un preciso indicador de los avances y retrocesos democráticos. Así se comprueba al examinar su evolución, identificándose dos formas de intervención pública bien diferentes, incluso contradictorias, y relacionadas directamente con los regímenes políticos vigentes en cada momento. De un lado, la ejercida durante la etapa del reformismo social en la última fase de la Restauración, durante la Segunda República y en especial a partir de la transición democrática, en la que la SST se configura cada vez con más fuerza como un derecho de los trabajadores tutelado por los poderes públicos y una obligación correlativa del empresario, manifestada finalmente en el amplio deber de prevención. Y de otro, la practicada por los dos regímenes dictatoriales que sufre España durante el siglo XX, que coloca a las instituciones del Estado al servicio de la producción y el aumento del rendimiento individual, al tiempo que dificulta e incluso impide a los trabajadores intervenir en sus condiciones de trabajo mientras dispensa en gran medida al empresariado de sus obligaciones en materia de SST. La dispersión de la responsabilidad facilitada por el Estado autocrático permite así poner el acento en la autorresponsabilización del trabajador, reducir el papel público a la vertiente puramente aseguradora y no preventiva y dificultar los sistemas de exigencia de responsabilidad patronal. De este modelo autoritario, que impregnó toda la legislación laboral, ha sido difícil desprenderse posteriormente. A pesar de que el avance democrático ha dado lugar a importantes progresos en los últimos años en materia de SST, es fácil reconocer rastros de concepciones y prácticas del pasado. Los impulsos principales a la normativa de SST en España han venido de la mano de la internacionalización del Derecho del Trabajo. El papel de la OIT y, posteriormente, de las instituciones comunitarias, ha sido decisivo. No obstante, las propuestas neoconservadoras vigentes en las últimas décadas, contrarias a la intervención de los Estados en la regulación laboral y empeñadas en la exclusión de la cobertura del derecho y en la utilización como ventajas comparativas de las inferiores condiciones de trabajo en un mundo globalizado, cuestionan muchos de estos avances. Los nuevos retos a los que los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales deben hacer frente en materia de SST constituyen también hoy una tarea inexcusable de preservación y profundización de la democracia a la que los poderes públicos, por su parte, deben también responder.Political democracy finds its rationale in overcoming inequalities, together with the inseparable objective of improving salaried worker's life and work conditions. In this thesis, a detailed description and analysis of the origin and development of the Labour Law in Spain is carried out. Labour Law's first significant expressions tackle workers protection against labour injuries, and the posterior recognition of the necessary intervention in working relationships. The traditional abstentionism of the State should be overcome by eliminating the views that established that charity or philanthropy were the only means to meet the basic needs of employees. The recognition of the right of safety and the State obligation to protect it will allow the existence of effective conditions to exercise the individual and collective freedoms in democracy. Progress in regulation and public control of labour rights is related the workers' fight for reaching the essential rights of association, meeting, strike or collective bargaining. This will pave the way for the development of labour legislation, particularly that of Occupational Safety and Health (OSH) and for having instruments to control law enforcement. The analysis of the OSH regulation reveals that it is not developed in neither a progressive nor a linear way, but rather the opposite, that is, establishing itself as an accurate indicator of democratic advances and setbacks. This can be proved by the analysis of its evolution, identifying two quite different ways of public intervention, even contradictory, and directly related to the political regimes in force at any given time. On the one hand, the intervention made during the social reformism stage in the last period of the Restoration, during the Second Republic and specifically since the Democratic Transition, in which the OSH will increasingly take shape as a workers right under the public authorities' protection and a corresponding obligation for the employer, finally established in the broad duty of prevention. On the other hand, the intervention carried out by the dictatorial regimes in Spain during the 20th century, which place the State institutions at the service of production and the increase of individual performance while at the same time making it difficult for workers or even preventing them from getting involved in their own working conditions and exempting employers in great measure from complying with their OSH obligations. The autocratic State's practices allowed that health and safety responsibility could become disperse and therefore it emphasized the worker's self-responsibility, reduced the public role to only guaranteeing the insurance aspect and not the prevention, and to make it more difficult to claim the employer's responsibility. Subsequently, it has been very difficult to get rid of this authoritarian model that permeated the whole labour legislation. In spite of the important progress in the OSH triggered by the democratic process, the remainders of concepts and practices from the past are easily recognized. The main impulse given to the OSH regulation has come from the internationalization of the Labour Law. The role of the International Labour Organization (ILO) and later that of the European Community Institutions has been decisive. However, neoconservative proposals existing in the last decades that are opposed to State intervention in labour regulation and are committed to exclude the law coverage and to use the comparative advantages taken from the lower working conditions in a globalised world, call into question many of these achievements. The new challenges that workers and their trade union and political associations have to face in the field of OSH constitute, even today, an essential task concerning the preservation and the deepening of democracy, to which the public authorities must give also an adequate response