Ética y justicia constitucional

A partir de los valores fundamentales, tales como la dignidad humana, los derechos humanos, la democracia, la división de poderes, el Estado de Derecho, la descentralización y la economía social de mercado, expresados en la Constitución peruana de 1993, surge la necesidad de desarrollar una jurisprudencia constitucional que desarrolle dichos valores, de tal manera que la Constitución, a través de las técnicas de interpretación constitucional, sea concebida como una carta jurisprudencial de derechos y libertades para todos los ciudadanos. Es en este escenario en donde se devela el rol de la ética en el constitucionalismo. La ética judicial se enmarca dentro de la corriente del pensamiento constitucional institucional, que deja de lado tanto el pensamiento positivista como el pensamiento iusnaturalista, en tanto han fracasado en sus propósitos. Dicha teoría institucional se caracteriza por la integración dinámica de los factores constitucionales: como el poder, el orden social, el Estado y la libertad. Así, la ética constitucional se incardina en ella, no debiendo ser entendida como una moral universal ni como una moral sistemática-funcionalista de reglas y procedimientos, sino como una ética institucional que las integre en un fundamento intersubjetivo que se expresa en los tácitos pactos fundamentales de la sociedad civil. La actuación judicial del Tribunal Constitucional del Perú no puede estar desvinculada de un pensamiento constitucional institucional, en tanto expresión del doble carácter de la ética en el ejercicio profesional de la judicatura. Donde la ética objetiva entendida como la defensa de los valores constitucionales, se traduce en una ética subjetiva concebida como el respeto de las reglas procesales. Esta ética judicial integral es la síntesis concreta de la ética de la convicción de las ideas y la ética de la responsabilidad en la función judicial, que se ve cuestionada en dos casos paradigmáticos de derechos humano