La base jurídico-constitucional de la protección de los consumidores en la Unión Europea

En el constitucionalismo de la segunda posguerra, preocupado por consagrar el Estado como promotor de la justicia social y económica, el movimiento de defensa de los consumidores se abrió paso hasta el proceso de construcción del mercado común. Aunque no reflejada en los textos constitutivos, al menos desde los años 70 se constata una clara preocupación por los consumidores. Ya entonces quedó de manifiesto la complejidad de establecer la base jurídico-constitucional y la orientación de tal política, toda vez que se excluye de las políticas comunes y se aborda como competencia compartida con los Estados miembros. Este trabajo de investigación aborda la base jurídica y la orientación de la política comunitaria en esta materia, ya desde el Tratado de Roma. En dicho texto aparecen indicios de esta preocupación, a pesar de que el Tratado no prestó atención expresa, o al menos directa, a los consumidores. En el contexto de una integración que ha tenido como pieza clave la construcción de un mercado interior de servicios y bienes de consumo, y visto el impulso del progresivo reconocimiento que los derechos de los consumidores obtuvieron en Europa, a partir de los años 70 puede hablarse ya de una política comunitaria en esta materia. Desde el Programa Preliminar de 1975, la política de protección de los consumidores ha evolucionado tanto en la consolidación de sus bases jurídicas como en la intensidad de sus acciones. Ello puede verificarse en una historia cuyos hitos principales son el Acta Única Europea y el Tratado de Amsterdam. Junto a esa evolución, son objeto de atención en este trabajo los instrumentos que, como la armonización mínima, son empleados en esta política. Se analiza el listado de derechos de los consumidores, aportando por último una perspectiva de futuro que atiende a las previsiones del Proyecto de Constitución Europea