El cumplimiento de las recomendaciones del Código de buen gobierno: un análisis de las empresas cotizadas españolas

El gobierno corporativo se ha convertido en un tema de máxima actualidad, tanto en la práctica empresarial como en los estudios académicos, debido a los escándalos corporativos de principios del presente siglo y a las crisis empresariales derivadas de una inadecuada evaluación de los riesgos. No obstante, el interés por mejorar el gobierno de las sociedades se remonta a la década anterior con la aparición de los primeros Códigos de buen gobierno, cuyo punto de partida se sitúa en el Código Cadbury para las empresas que cotizan en la Bolsa londinense. En España, tras el inicial Código Olivencia, de finales de los noventa, se han ido sucediendo distintas propuestas hasta llegar al actual Código de buen gobierno de las Sociedades Cotizadas, aprobado en febrero de 2015. La CNMV exige a las sociedades que cotizan en las bolsas españolas que cumplan o expliquen las recomendaciones recogidas en este Código y obliga igualmente a elaborar un Informe Anual en el que se recoge el cumplimiento o la explicación de cada una de estas recomendaciones. El análisis de la información relativa a las empresas españolas ha puesto de manifiesto que el grado de seguimiento de las recomendaciones es muy elevado, aunque en muy pocos casos supera el 90%. Existen notables diferencias en ese grado de cumplimiento en función de la capitalización de la empresa, siendo lógicamente las empresas del Ibex35 las que alcanzan unos niveles superiores. Sin embargo, apenas se observan divergencias entre las empresas de media y baja capitalización. Respecto a las recomendaciones con un menor grado de cumplimiento se pueden destacar las relativas a la composición del Consejo, sobre todo en lo referente a la presencia femenina y porcentaje de independientes, así como la utilización de las tecnologías para la publicación de los informes más relevantes en su página web, la retransmisión en directo de las Juntas Generales de Accionistas y las referentes a la definición y promoción de una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores y asesores de voto.Universidad de Sevilla. Grado en Administración y Dirección de Empresa