La secesión de territorios en un Estado miembro de la Unión Europea y sus consecuencias en relación con las minorías resultantes

La protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos los ciudadanos de un territorio separado, y especialmente de los habitantes pertenecientes a minorías nacionales resultantes de un proceso de secesión en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, es competencia exclusiva del Estado de nueva creación, que se ha declarado soberano e independiente con respecto al Estado miembro del que se escindió. Las declaraciones unilaterales de independencia están prohibidas por el Derecho Internacional Público cuando se realizan en menoscabo de la integridad territorial y la unidad nacional de Estados soberanos e independientes. La Unión Europea carece de competencias en este ámbito y no podrá intervenir en el caso de una violación grave y persistente de los derechos humanos que tenga lugar en el territorio del nuevo soberano, ya que éste tendrá en todo caso la consideración de Estado tercero y no estará sometido a la aplicación del Derecho Comunitario, ni a los estándares de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La protección de los derechos humanos es, en definitiva, una cuestión vinculada a los elementos constitutivos de la estatalidad y depende de la jurisdicción que ejerce el nuevo Estado sobre su propio territorio