EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DESDE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES DE SUMINISTRO

El Estatuto General para la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, actúa como la directriz que normaliza los procesos de contratación en Colombia y constituye el punto de partida para la compra de bienes y servicios en las instituciones públicas; además, es una de las herramientas jurídicas más importante de actualización de la gestión pública. Su objetivo es contribuir a la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, a la moralización de la gestión y a la economía en el proceso de contratación estatal, desde sus principios rectores en el marco de la buena fe. Para el caso de la contratación del suministro de alimentación en contextos públicos, el objetivo que busca el Estado a través de su programas y proyectos de asistencia, es el de viabilizar la Política Nacional de Seguridad alimentaria y nutricional (la alimentación como derecho), mitigar el hambre y mejorar, de alguna manera, las condiciones nutricionales y de salud colectiva de poblaciones excluidas y vulnerables por pobreza, generando, teóricamente, unas garantías sociales y económicas para el país en materia de desarrollo