Aspectos jurídicos, políticos e institucionales de una estrategia integral y viable de lucha contra la pobreza

Costa Rica ha presenciado durante décadas un discurso constante de partidos políticos, instituciones y analistas sobre cómo combatir la pobreza y, en particular, la pobreza extrema. Infinidad de artículos y documentos de índole internacional y de fuente nacional haciéndose eco de estos, preconizan conceptos y esquemas variopintos que se ponen de moda por un tiempo, con el agravante de que motivan o sustentan la creación de instituciones, de políticas y de programas concretos que nacen para, normalmente, quedarse de por vida sin que resuelvan el problema de fondo; nuevos conceptos y esquemas parece que son agregados a este complejo y difuso marco conceptual, institucional y presupuestario que parece responder más a un narcisismo político y académico -y a una gran falta de originalidad creativa- de quienes los acogen y promueven con genuino entusiasmo, inclusive muchos sin tener experiencia real en esos abigarrados y atribulados procesos institucionales. Y todos, en conjunto, dándole la espalda a un espléndido marco constitucional y legal superior, que ordena en el país la materia sustantiva de cómo enfrentar conceptual y programáticamente la lucha efectiva contra la pobreza y que, además, ordena los aspectos fundamentales de conducción política y administrativa que determinan en un cien por ciento la eficacia real de esa lucha contra la injusticia e inequidad socioeconómica. Este artículo busca contribuir concreta y francamente a la revelación de cómo esta omisión relevante en el país ha tenido como consecuencia inevitable y recurrente el fracaso constante en los esfuerzos bien intencionados de ganarle la guerra a la pobreza, y cómo confrontarla positivamente con un enfoque mayormente costarricense