Justicia Transicional: Dilema entre Justicia y Paz (Sentencia C-579 de 2013)

El Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, avanzan en el propósito de poner fin al conflicto armado de más de cincuenta años, por medio de la negociación política, en donde se hace necesario acudir a diferentes instrumentos para posibilitar este proceso de transición, teniendo como problema el cómo los actores armados darán cuenta ante la justicia de la grave violación de los derechos humanos, situación que implica una fuerte tensión entre los propósitos de justicia para las víctimas y la paz para el conjunto de la sociedad, estableciendo para ello normas de rango constitucional como el Acto Legislativo 01 de 2012, mediante el cual el Estado adopta medidas propias de la justicia transicional referidas al modelo de justicia que se deberá aplicar con este fin. Este acto legislativo, reviste una enorme importancia, si se tiene en cuenta que se adopta bajo vigencia del estatuto de la Corte Penal Internacional, que obliga al Estado colombiano a tener en cuenta los principios y reglas, para investigar, juzgar y sancionar los crímenes constitutivos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, concomitantemente los diferentes tratados que consagran este mismo deber, frente a los considerados crímenes internacionales. En el contexto anterior, la Corte Constitucional se adelantó el proceso de constitucionalidad D-9499, que finalizó con la sentencia C-579 de 2013, en la cual se asistió a un álgido e interesante debate argumentativo relacionado con la manera de resolver el dilema entre la justicia y la paz, en el marco de la estructuración del sistema de la justicia transicional en Colombia; por lo que es un caso ejemplar, general, enorme, que mueve los intereses de todo un país, es decir, no es un caso particular o singular