De los legitimados para presentar acciones por competencia desleal, los tipos de acciones, su prescripción y medidas cautelares

La Ley 256 de 1996 reguló de manera novedosa el tema de la competencia desleal y no sólo en lo atinente a definir qué se debe entender por competencia desleal y cuáles son los comportamientos que según la ley colombiana son considerados como desleales, sino que también reglamentó aspectos procesales de no poca trascendencia que marcan la evolución legislativa en la materia. La ampliación de las personas legitimadas para interponer acciones por competencia desleal es uno de los avances más destacados de la legislación vigente en Colombia. El hecho de que no sólo los comerciantes, como profesionales en la actividad mercantil, puedan interponer una demanda por competencia desleal contra el competidor directo al que se le impute la comisión de un acto desleal, implica que se ha desprovisto el carácter profesional y corporativo a la aplicación de la normatividad en la actividad económica y se ha reconocido la trascendencia de las conductas de competencia desleal en la sociedad y la economía, las cuales dejan de ser simples comportamientos que perjudican intereses privados individuales para convertirse en conductas que pueden afectar el mercado y sus partícipes. Por un lado, tenemos a los consumidores, quienes no sólo son los árbitros de la actividad comercial al decidir con su elección entre los bienes y servicios que se le ofrecen, el que mejor colme sus expectativas de consumo, sino que también se les reconoce su condición de potenciales perjudicados por la comisión de actos desleales, por lo que pueden reclamar los perjuicios que dichos actos le irroguen, cuando estos hayan afectado a todo un conjunto de consumidores asociados en un ente jurídico que proteja sus intereses. esto no es óbice para que u