La obligación estatal de proteger el derecho humano al agua frente a violaciones cometidas por empresas en servicios de agua potable y saneamiento. Implicancias regulatorias y sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)

The Human Right to Water and Sanitation —HRWS— has called primary attention since General Comment No. 15 (GC 15) —issued in 2002 by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR— interpreted articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Since then, much has been written on this human right, but very little on the existing linkage between it and private corporations providing public water and sanitation services (WSS), and even less on the regulatory and Bilateral Investment Treaties (BITs) implications of the state's duty to protect this right.This article will therefore study the state's duty to protect from business-related human rights violations in the specific field of WSS from two interrelated perspectives. On one hand, the domestic regulatory front, which raises questions such as: Should regulation of private water and sanitation companies be based on human rights standards? If so, to what extent? What are the concrete regulatory implications of the two previous responses? Has existing case law outlined minimum regulatory standards based on international human rights norms?On the other hand, in terms of international liability, the following questions are crucial: How should we interpret BITs that protect foreign companies providing water and sanitation in light of the state's duty to protect from business-related human rights violations? How to reconcile the state's BITs commitments with its obligations under human rights treaties in WSS? Do we need to reconcile them at all?El derecho humano al agua ha sido objeto primordial de atención desde la Observación General número 15 (2002), que luego de mucho debate fue ratificada por Resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, del 28 de julio de 2010. Mucho se ha escrito en general y de manera superficial sobre este derecho pero muy poco sobre las particulares conexiones que existen con las empresas privadas prestadoras de servicios públicos de agua potable y saneamiento, su regulación interna e internacional.El artículo analiza la obligación estatal de proteger de violaciones cometidas por empresas, en el específico ámbito de los servicios de agua potable y saneamiento desde dos frentes. Por un lado, el plano regulatorio interno, es decir: ¿en qué medida la regulación estatal de una empresa de agua privada es y/o debe estar basada en normas de derechos humanos? ¿Cuáles son las implicaciones normativas de esa respuesta? ¿Qué tipo de regulaciones implica el deber de protección? ¿Ha delineado la jurisprudencia estándares mínimos de prestación fundados en normas internacionales de derechos humanos? En segundo lugar y en el plano de la responsabilidad internacional ¿De qué forma deben interpretase los tratados bilaterales de inversión —TBI— que protegen a las empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable y saneamiento como inversores con relación al deber de protección estatal basado en normas de derechos humanos? ¿Cómo compatibilizar, en definitiva, los compromisos asumidos en los TBI con las obligaciones emanadas de los tratados de derechos humanos en el específico ámbito de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento