La indemnización por error judicial: el derecho olvidado al imputado dentro de la reforma constitucional de seguridad y justicia del año 2008

Hoy en día, por encontrarnos dentro de un Estado constitucional de derecho, pareciera sobreentenderse que el aparato judicial actúa en pro del bien común y de la paz social, y que esta situación siempre será así, sin embargo, al presente la actuación del Estado de manera privativa encuentra sus extremos, es decir, lleva a tal exceso el uso del ius puniendiqué en muchas de las ocasiones sus actuaciones no son las más precisas y viables posibles, de manera que toda actuación por parte del Estado tiene que ir encaminada a garantizar tanto al imputado como a la víctima y/o el ofendido, seguridad de que su actuación será la correcta para llevar a buenos términos el procedimiento penal, sin embargo, al presente se encuentra un Estado judicial debilitado; dado que éste no se ha hecho responsable por su desempeño para con el imputado, por lo cual la persona que dentro del sistema penal acusatorio sea detenida de manera ilegal o en su caso sea condenada en sentencia firme y que haya cumplido una pena o este en cumplimiento de ésta, y que por hechos nuevos se demuestre que existió un error judicial, debe tener derecho a una indemnización y, además a que su pena en el caso de que este en cumplimiento sea anulada, lo anterior adquiere y reviste no solamente un derecho de toda persona imputada, sino, que hoy en día viste el hecho de que debe ser considerado como un derecho al imputado que necesariamente debe estar consagrado en el artículo 20 constitucional inciso B