La acción de inconstitucionalidad por omisión necesidad de regular la institución en la nueva constitución

Una Constitución es la norma suprema en un Estado de Derecho y cada una de sus disposiciones tiene fuerza normativa. Esta incluye mandatos de obligatorio cumplimiento, tanto para los ciudadanos como para las instituciones públicas. Durante los últimos nueve años de vigencia de la Ley Suprema creada en la ciudad de Riobamba en 1998, los ecuatorianos hemos sido testigos de la inacción del Congreso Nacional y de otros funcionarios públicos. No hemos tenido otra opción que cruzarnos de brazos, pues no está establecido mecanismo alguno que nos permita reclamar ante el máximo organismo de control constitucional, la obediencia de estos a la Constitución. Surge entonces la acción de inconstitucionalidad por omisión como una herramienta que permite vigilar el correcto cumplimiento de las normas constitucionales, la misma que de manera urgente e imperativa debe formar parte del ordenamiento jurídico de nuestro país